El Poder Judicial concretó el traslado y la entrega de un total de 1068 armas de fuego destinadas a su destrucción definitiva, en el marco de una política sostenida orientada a fortalecer la seguridad y garantizar la transparencia institucional. El operativo se llevó adelante ante el Banco Nacional de Materiales Controlados, organismo ubicado en la localidad de Villa Maipú, partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde se centraliza el tratamiento de este tipo de elementos bajo estrictas normas de control.
La entrega se realizó entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo, e incluyó una amplia variedad de armamento, entre ellas armas cortas, largas y de fabricación casera, conocidas comúnmente como tumberas. El cargamento también estuvo compuesto por un significativo volumen de municiones y componentes asociados: 10.400 cartuchos intactos, 2.145 vainas servidas y 57 tambores de revólver.
Todo el material enviado tiene su origen en procedimientos judiciales llevados adelante por los juzgados penales de toda la provincia. Una vez secuestrados, estos elementos son remitidos a la Oficina de Elementos Secuestrados del Poder Judicial, donde se inicia un proceso administrativo y técnico que culmina con su disposición final. Este procedimiento se realiza en estricto cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.938 y de la Ley Provincial N° 5.732 de adhesión, que regulan el manejo, almacenamiento y destrucción de materiales controlados.
OPERATIVO Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
La logística del traslado fue ejecutada por una comisión integrada por los agentes judiciales Claudio David Ramírez y Héctor Luciano Báez, pertenecientes a la Oficina de Elementos Secuestrados, junto a José Ignacio Monzón, chofer del área de Intendencia. Durante todo el trayecto, el cargamento contó con custodia policial a cargo del Subcomisario Víctor Fabián Núñez y del Suboficial Mayor Ariel Adolfo Acevedo, ambos integrantes de la Policía de la Provincia de Corrientes, garantizando condiciones de seguridad adecuadas para el transporte del material.
En relación con el operativo, la doctora María Victoria López, encargada del Depósito de Elementos Secuestrados del Poder Judicial, señaló que este tipo de envíos responde a una política institucional orientada a disminuir la acumulación de armamento en depósito y avanzar en su transformación en material inerte mediante procesos de destrucción. En ese sentido, afirmó: “este envío responde a la iniciativa institucional de reducir la cantidad de material bélico en depósito, transformándolo en material inerte mediante su destrucción”.