El Tribunal Oral Federal de Corrientes inició el juicio oral contra las 17 personas acusadas en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. La primera audiencia se desarrolló en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con la participación del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel en representación del Ministerio Público Fiscal. Además, se informó que permanece pendiente una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de un recurso presentado por la fiscalía para ampliar la participación del equipo fiscal conformado para este proceso.
Durante la apertura del debate se realizó la lectura parcial del requerimiento de elevación a juicio elaborado por el Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, el fiscal general Carlos Schaefer destacó la relevancia institucional de la causa y expresó: “Este no es un caso más, está a la vista de todos. La familia espera justicia”. La audiencia marcó el inicio formal de un proceso judicial que se desarrolla a casi dos años de la desaparición del niño, cuya Alerta Sofía continúa vigente.
Antes de comenzar la lectura de la acusación, Schaefer solicitó la detención de los nueve imputados que llegaron al juicio en libertad. Asimismo, requirió el apartamiento de Esteban Federico Rossi Colombo debido a que no se encontraba presente en la sala ni conectado de manera remota al iniciarse la audiencia. Al fundamentar su planteo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo: “Este no es un caso más, está a la vista de todos. La familia espera justicia. Rossi Colombo está acusado de entorpecer la investigación. Solicito que sea apartado y se continúe con el debate. El pedido tiene que ver con la trascendencia institucional de este proceso donde se investiga la desaparición de un chico de 5 años que hoy no sabemos dónde está. El delito sigue siendo permanente”.
El tribunal dispuso inicialmente la detención de Rossi Colombo, rechazó el pedido de detención respecto de los demás imputados y ordenó la continuidad de la audiencia. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, el acusado se conectó de manera virtual acompañado por un nuevo defensor. Ante esa situación, la fiscalía reiteró el pedido de apartamiento, aunque finalmente el tribunal resolvió no hacer lugar a la solicitud y continuar con el desarrollo del juicio. El debate seguirá con la lectura de la síntesis de la acusación correspondiente al grupo imputado por las maniobras destinadas a desviar la investigación.
LOS ACUSADOS Y LA ACUSACIÓN FISCAL
El primer grupo de imputados está integrado por siete personas acusadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. Como coautores figuran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, mientras que el excomisario Walter Adrián Maciel está acusado como partícipe necesario. Según la acusación fiscal, los involucrados habrían actuado de manera coordinada en la desaparición del niño, conducta encuadrada en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva.
Un segundo grupo está compuesto por diez imputados acusados de haber participado en distintas maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación judicial. Se trata de Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. A ellos se les atribuyen diversos delitos, entre los que se encuentran encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, algunos de los integrantes de este segundo grupo habrían actuado de manera organizada y con distribución de funciones, mientras que otros son responsabilizados por hechos individuales. La acusación sostiene además que se presentaban como miembros de la “Fundación Dupuy” y que, en particular, Elizabet Noemí Cutaia y Alan Juan José Cañete desarrollaron acciones orientadas a “frustrar, entorpecer o alterar el curso de la pesquisa judicial por la desaparición de Loan D.P.”. La investigación que dio origen a la acusación fue llevada adelante por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto con los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS Y EL DESARROLLO DEL JUICIO
El inicio del juicio se produjo tres días después de cumplirse dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña. Según la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño llegó el 13 de junio de 2024 a la vivienda de su abuela paterna, Catalina Peña, acompañado por su padre, José Peña. Los fiscales establecieron que la sustracción se produjo entre las 13.52, momento en que el niño fue fotografiado por última vez mientras se dirigía hacia una zona de monte con naranjales junto a otras personas, y las 15.26, cuando comenzaron las comunicaciones para informar su desaparición. En el requerimiento leído durante la audiencia se afirmó: “En ese rango horario se consumó la sustracción del menor para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”.
La acusación sostiene que Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la esfera de custodia de su padre mediante la excusa de ir a buscar naranjas junto a otros menores, conduciéndolo hacia un naranjal ubicado en una zona alejada. También señala que, durante el trayecto, Laudelina Peña convenció a una prima de Loan para regresar a la vivienda, circunstancia que habría dejado al niño únicamente junto a los adultos señalados por la fiscalía. Según el requerimiento, una vez en el naranjal se produjo “un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado”, situación que, para los investigadores, “perdura al día de la fecha”. Los fiscales agregaron que existen sospechas sobre la utilización de una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio Pérez-Caillava, en la que se hallaron rastros odoríficos del niño.
Respecto de Walter Adrián Maciel, entonces jefe de la Comisaría de 9 de Julio, la acusación sostiene que “para llevar adelante la sustracción y posterior ocultamiento del menor, se contó con la participación del comisario Walter Maciel, quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda, e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor L.D.P.”. El tribunal está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como juez sustituto. De acuerdo con el cronograma establecido, las audiencias se desarrollarán de manera alternada durante las próximas semanas y se prevé la declaración de más de 170 testigos a lo largo del debate.