La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su profunda preocupación ante el comunicado oficial titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso”, emitido recientemente por el Ministerio de Seguridad Nacional de la Nación. La entidad, con más de cuatro décadas de trayectoria institucional y representación de más de noventa periodistas de medios internacionales acreditados en el país, advirtió sobre el contenido y el alcance de las disposiciones establecidas por la cartera de Seguridad.
En su declaración fechada en Buenos Aires el 17 de febrero de 2026, ACERA señaló que el documento oficial fija limitaciones al desempeño de trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina durante los días 18, 19 y 20 de febrero. La asociación sostuvo que tales restricciones se aplican en el contexto de coberturas vinculadas a manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público, ámbitos tradicionalmente considerados de interés informativo y relevancia institucional.
La organización consideró que el comunicado oficial no solo introduce restricciones operativas, sino que además procura deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que desarrollan tareas informativas en la vía pública. En ese sentido, interpretó que el contenido del texto oficial redefine responsabilidades en un área que, según su criterio, corresponde de manera indelegable a las autoridades nacionales.
ACERA hizo saber a los organismos oficiales, a sus colegas y a la opinión pública que “cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna“. La entidad enmarcó su posición en la defensa simultánea del derecho a informar y del derecho colectivo a estar informado.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DEBER DE PROTECCIÓN
En su comunicado, la asociación invocó antecedentes y estándares fijados por organismos internacionales de derechos humanos. En particular, mencionó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, cuyos pronunciamientos establecen criterios específicos para la actuación estatal en contextos de conflictividad social.
Según detalló ACERA, dichos organismos han señalado que, en escenarios de alta tensión o protesta social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a periodistas y trabajadores de prensa, a fin de que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad. La asociación subrayó que estos estándares internacionales forman parte de un cuerpo normativo que orienta la conducta de los Estados en materia de libertad de expresión.
La entidad también afirmó que la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión exige la adopción de medidas activas por parte de las autoridades para asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. Remarcó que esta obligación resulta especialmente exigible cuando se trata de hechos de notorio interés público, como las protestas sociales que suelen desarrollarse en espacios institucionales y de alta visibilidad.
Asimismo, advirtió que la imposición de restricciones desproporcionadas o generalizadas constituye, en su interpretación, una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos considerados pilares fundamentales de todo sistema democrático. Desde esa perspectiva, la asociación vinculó la discusión operativa sobre la cobertura periodística con principios estructurales del orden constitucional.
RECHAZO A LOS TÉRMINOS DEL COMUNICADO OFICIAL
En otro tramo del pronunciamiento, ACERA expresó que rechaza los términos del comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional, en tanto sus disposiciones “generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística, desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas y, de manera aún más grave, trasladan a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes”.
La asociación consideró que el eventual traslado de responsabilidades hacia los propios periodistas supone una alteración del esquema de garantías previsto por la normativa vigente. En su análisis, la Constitución Nacional y las leyes que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad asignan al Estado un deber activo de resguardo que no puede ser relativizado mediante disposiciones administrativas.
En consecuencia, ACERA instó al Ministerio de Seguridad Nacional a reconsiderar los términos del comunicado mencionado y a adecuar sus directrices a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas. La entidad planteó que la revisión de las medidas permitiría armonizar las necesidades operativas de seguridad con la vigencia plena de los derechos fundamentales involucrados.
El pronunciamiento concluye con un llamado a preservar las condiciones que posibiliten el ejercicio libre y seguro del periodismo en contextos de movilización social, reafirmando la centralidad de la libertad de expresión y del derecho a la información como componentes esenciales del sistema democrático argentino.