El Poder Legislativo de Corrientes cerró el período 2025 con un balance que fue considerado positivo dentro del ámbito institucional, destacándose por la aprobación de un conjunto amplio de normas destinadas a fortalecer áreas sensibles vinculadas a la seguridad pública, la salud, la inclusión y la modernización del Estado.
A lo largo del año parlamentario, la Legislatura mantuvo un ritmo sostenido de sesiones, debates y audiencias que permitieron avanzar en la consolidación de un cuerpo normativo alineado con las necesidades emergentes de la provincia.
Durante el ejercicio legislativo se aprobaron más de veinte resoluciones que abarcaron diversos campos de interés público, desde reconocimientos y autorizaciones administrativas hasta definiciones vinculadas a la gestión de políticas sectoriales.
A su vez, se realizaron quince audiencias públicas, instancias que permitieron incorporar la voz de instituciones, especialistas y ciudadanos en la discusión de proyectos estratégicos. Este mecanismo de participación reforzó la legitimidad de las decisiones adoptadas y fortaleció los procesos de deliberación democrática.
El registro legislativo del año también incluyó más de setenta declaraciones de interés destinadas a actividades culturales, educativas, deportivas y comunitarias, lo que evidenció una agenda amplia y diversa.
Paralelamente, la sanción de más de treinta leyes consolidó un cuerpo normativo actualizado y orientado a atender problemáticas urgentes y estructurales.
NORMAS DESTACADAS Y ALCANCE SOCIAL
Entre las leyes aprobadas durante 2025 sobresalieron iniciativas vinculadas a la seguridad y la protección de sectores vulnerables. La Ley 6725, conocida como Ley de Narcomenudeo, estableció la desfederalización parcial de los delitos previstos en la Ley de Estupefacientes.
Esta normativa permitirá a la provincia intervenir con mayor eficacia en la persecución del microtráfico, optimizando recursos judiciales y facilitando respuestas más inmediatas al reclamo social en materia de seguridad. Su implementación representa un cambio significativo en la estrategia provincial frente a los delitos relacionados con estupefacientes.
En materia de protección digital, la Ley 6716 formalizó la adhesión de Corrientes a la Ley Nacional 27.590, que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Ciberacoso. Esta medida refuerza las políticas existentes para resguardar a niñas, niños y adolescentes ante situaciones de violencia digital, grooming y acoso en entornos virtuales.
Con esta adhesión, la provincia se alinea con los estándares nacionales y amplía el alcance de sus acciones preventivas y educativas en un contexto en el que la violencia digital se ha convertido en un desafío creciente.
Otra de las normas con impacto social fue la Ley 6724, que estableció principios y lineamientos para la Accesibilidad Cognitiva y la Lectura Fácil. Esta iniciativa promueve la elaboración de materiales informativos más claros y comprensibles para personas que presentan dificultades cognitivas o comunicacionales. La ley introduce criterios de diseño inclusivo y plantea la necesidad de adaptar documentos oficiales, campañas institucionales y materiales educativos, con el propósito de garantizar el derecho a la información de manera accesible y equitativa.
En el ámbito territorial, la Ley 6729 redefinió los límites del municipio de Carolina, adecuando la organización administrativa a la realidad geográfica y demográfica actual. La actualización normativa respondió a la necesidad de contar con una delimitación más precisa que permita mejorar la planificación municipal, la prestación de servicios y la gestión de recursos. Esta reconfiguración constituye un paso importante para ordenar el crecimiento urbano y rural de una zona en expansión.
AVANCES EN SALUD, DERECHOS Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
El paquete legislativo del año incluyó dos leyes de fuerte impacto social vinculadas al sistema de salud y a los derechos laborales. La Ley 6731, relativa al arancelamiento hospitalario y al recupero de gastos, estableció un esquema destinado a fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario mediante un mecanismo de recupero de costos por las prestaciones realizadas. Esta normativa busca mejorar la sustentabilidad de los servicios de salud y optimizar la asignación de recursos, en un contexto de creciente demanda asistencial.
Asimismo, la Ley 6732 incorporó un régimen de Licencia Especial por Violencia de Género para trabajadores del sector público, con el objetivo de garantizar protección, acompañamiento institucional y contención adecuada a quienes atraviesen situaciones de violencia. Esta medida profundiza el enfoque de derechos en el ámbito laboral y apunta a fortalecer los mecanismos de prevención y asistencia, reconociendo la necesidad de políticas integrales para abordar esta problemática.