La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) manifestó su rechazo al Decreto 467/2026, norma que modificó el procedimiento de selección de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General. El pronunciamiento fue dado a conocer en el marco de la última reunión de la entidad realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además se abordaron otros temas vinculados al funcionamiento institucional y judicial del país.
Del encuentro participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, doctor Guillermo Horacio Semhan; el ministro y presidente de la Comisión de Acceso a Justicia de JUFEJUS, doctor Fernando Augusto Niz; y el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, quien intervino de manera virtual.
La declaración emitida por JUFEJUS calificó la reforma como un “grave retroceso institucional” y sostuvo que resulta incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social de la Argentina. El documento fue suscripto por la presidenta de la entidad, doctora Emilia Valle; el vicepresidente, doctor Sergio Vittar; y la secretaria, doctora Adriana García Nieto, quienes expresaron formalmente la posición institucional adoptada por el organismo.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE REPRESENTACIÓN Y TRANSPARENCIA
Entre los principales argumentos expuestos por JUFEJUS se encuentra la defensa de los principios que, según la entidad, deben regir la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, sostuvo que la conformación del máximo tribunal debe respetar de manera conjunta criterios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica, elementos considerados esenciales para garantizar una adecuada representación institucional y territorial.
La organización, además, cuestionó la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003. Según el pronunciamiento, esta modificación implica una restricción de los espacios destinados a la publicidad de los procesos, la transparencia institucional, la participación ciudadana y la posibilidad de presentar observaciones respecto de los postulantes a ocupar cargos de relevancia dentro del sistema judicial nacional.
El rechazo expresado por JUFEJUS se suma a otras manifestaciones críticas formuladas previamente por distintas instituciones vinculadas al ámbito jurídico. Entre ellas se encuentran el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), además de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia judicial que también cuestionaron los cambios introducidos por el Decreto 467/2026.