El subsecretario de Seguridad de Corrientes, Osvaldo de la Cruz Velázquez, detalló el operativo de seguridad para las elecciones nacionales, la intensificación de los procedimientos contra el narcomenudeo y las acciones conjuntas contra el abigeato en la frontera con Brasil. Destacó la modernización estructural de la Policía provincial, la creación de direcciones especializadas y la articulación con la justicia ordinaria, subrayando el compromiso del Gobierno provincial con una política de seguridad integral, preventiva y coordinada.
El subsecretario de Seguridad de la provincia de Corrientes, Osvaldo de la Cruz Velázquez, en declaraciones a InfoDRadio 106.3 FM confirmó que el operativo de seguridad previsto para las próximas elecciones nacionales contará con la totalidad del personal policial disponible. Según explicó, “el 100% de las fuerzas policiales estará dividido en dos, para que todos tengan la posibilidad de votar en su asiento natural, lo que dice su documento, en el caso de la Policía de la Provincia de Corrientes”.
El funcionario detalló que el esquema operativo fue diseñado de modo que garantice simultáneamente la cobertura de los centros de votación y el derecho al voto de los efectivos.
Velázquez precisó además que, por tratarse de una elección nacional, en los comicios participarán “las Fuerzas Armadas nacionales y las de seguridad nacional”, a las que se suma la Policía provincial con tareas específicas. Señaló que “la Policía hace el servicio de custodia exterior de las escuelas, y en la parte interior, por jurisdicción, actúa la Fuerza Nacional o el Ejército”.
Aclaró también que, ante cualquier incidente ordinario durante la jornada electoral, la intervención corresponderá a la Policía de Corrientes, garantizando así la cobertura integral del proceso democrático en todo el territorio provincial.
El subsecretario subrayó que se busca lograr un trabajo coordinado entre fuerzas nacionales y provinciales para mantener la seguridad en los comicios. Indicó que los lineamientos fueron definidos con antelación para asegurar el orden público y la transparencia del acto electoral.
En este contexto, destacó la importancia de la articulación con los comandos regionales y las fuerzas locales en cada jurisdicción, priorizando la prevención de incidentes y la custodia del material electoral en tránsito.
OPERATIVOS ANTINARCÓTICOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS
Consultado sobre los recientes procedimientos realizados en distintos barrios de la capital y el interior, Velázquez señaló que “los operativos se han multiplicado y han sido muy exitosos”. Explicó que las acciones forman parte de una política sostenida contra el “narcomenudeo, que es el último eslabón de lo que es el narcotráfico”.
En ese sentido, afirmó que las tareas de control apuntan tanto al vendedor como al consumidor, y recordó que la Policía provincial mantiene una actuación constante en este tipo de delitos desde hace tres décadas.
El funcionario indicó que Corrientes se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional a partir de la implementación de la ley de narcomenudeo, que permitirá a la justicia ordinaria intervenir de forma directa. “Estamos esperando la decisión de los jueces por esta cuestión y los fiscales que van a ser los diez fiscales que se van a poner a funcionar”, detalló.
Agregó que el gobernador “fijó su mirada sobre dos cosas importantes: los fiscales que se dediquen al narcomenudeo y los fiscales rurales, vinculados al delito de abigeato”, destacando que ambas medidas representan un avance significativo en materia judicial y de investigación criminal.
En relación con los resultados de los recientes allanamientos, Velázquez sostuvo que “el tema de los kioscos en la capital no nos sorprende para nada”. Explicó que el Ministerio de Seguridad dispone de “un sistema de monitoreo constante a través del 911, que permite identificar los días y horas en que más están funcionando”. Añadió que, con la implementación de la nueva ley, la Policía se siente “más respaldada aún del Ministerio de Seguridad para imprimirle mayor fortaleza a la acción policial”.
El subsecretario vinculó la problemática del narcomenudeo con factores sanitarios y sociales, al afirmar que “los últimos eslabones, los dealers y los consumidores, están en un problema de salud que repercute en la seguridad, y la seguridad repercute en lo social”.
El funcionario consideró que la drogadicción y el microtráfico son fenómenos que “conviven con este eterno problema en las canchas de fútbol, en los barrios, en las escuelas, en todos los ámbitos”, lo que requiere una respuesta integral desde el Estado.
COOPERACIÓN FRONTERIZA Y REESTRUCTURACIÓN POLICIAL
Respecto del delito de abigeato y el tráfico ilegal de ganado hacia el Brasil, Velázquez informó que “se hizo una reunión y hace poco se volvió a hacer todo lo que es frontera al río Uruguay, que es una zona crítica del tema de abigeato, sobre todo el pase de animales hacia Brasil”.
Explicó que existe comunicación con las autoridades brasileñas y que los operativos conjuntos buscan frenar el accionar de bandas que operan a ambos lados del río, especialmente en zonas rurales con pasos no habilitados.
Consultado sobre posibles cambios en las estructuras de mando, el subsecretario negó cualquier tipo de intervención masiva en la Policía Rural e Islas y Ambiental (PRIAR). “No hay descabezamiento”, afirmó, aunque aclaró que “constantemente se están haciendo movimientos ante necesidades de la operación respecto no solamente del PRIAR, sino también de todo lo que hace a las investigaciones y a la seguridad pública”.
Velázquez remarcó que los traslados y reasignaciones son parte del proceso normal de gestión policial para optimizar recursos y garantizar eficiencia operativa.
Velázquez destacó también la modernización estructural de la fuerza, indicando que “en los últimos tiempos la Policía ha hecho un cambio rotundo”. Mencionó la creación de divisiones especializadas, entre ellas la “Dirección de Droga, la Dirección de Delitos Cibernéticos y la Dirección de Asuntos Internos”. Explicó que, al convertirse en direcciones, todas las unidades regionales tienen ahora la obligación de contar con un delegado, lo que permite mejorar la coordinación y el control interno.
“Las siete unidades regionales de la provincia de Corrientes tienen la obligación de tener un delegado, y por supuesto estamos más en situación de lo que está aconteciendo”, afirmó.
El subsecretario sostuvo que estas reformas responden a una política integral de seguridad impulsada por el Gobierno provincial, destinada a fortalecer la respuesta frente a los delitos contemporáneos.
Según explicó, la digitalización de los procesos de investigación, la creación de áreas de control interno y la especialización en delitos tecnológicos son pilares de un modelo policial más profesional y eficiente. Finalmente, resaltó que la articulación con la justicia y la cooperación con fuerzas federales y países vecinos son claves para mantener la seguridad y la paz social en Corrientes.