La Justicia dictó una medida cautelar para frenar la suspensión de las pensiones por invalidez en la rioja. Salta, en el mismo camino legal.
Después de que se cayera el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Justicia dictó una medida cautelar con el fin de frenar la suspensión de las pensiones por invalidez en la provincia de La Rioja.
En redes sociales el gobernador Ricardo Quintela expresó: “La Justicia acaba de hacer lugar a una medida cautelar, ordenando a la Andis que se abstenga de dar de baja la pensión por invalidez de beneficiarios riojanos injustamente suspendida”.
También agregó: “Continuaremos instando por todo el colectivo de la discapacidad, sea en el ámbito administrativo o judicial”.
“La crueldad del gobierno de Milei sigue prometiendo más ajustes; no tiene reparos en dañar o perjudicar a los más vulnerables”, afirmó en ese mismo sentido sobre la situación.
“Seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo a nuestra gente, por más solidaridad y esperanza en el camino de la recuperación del bienestar general del pueblo”, expresó.
Por su lado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó: “Se solicita la intervención judicial para que se devuelvan los importes indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
La medida consta de dos anexos de más de 400 páginas y cuenta con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como también la del ministro de Economía, Luis Caputo.
Además, la nueva disposición tiene como eje central la reasignación de partidas para afrontar compromisos de deuda y financiar a diversos organismos y empresas públicas.
Mientras que la provincia de Salta a través de la Fiscalía de Estado, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó a la Corte Suprema una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional.