La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolvió designar un tutor y un defensor de víctimas para los tres hijos de una mujer detenida bajo arresto domiciliario, acusada de comercializar estupefacientes en la ciudad de Itatí. La decisión responde a un pedido formulado por el fiscal general Carlos Schaefer, quien solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) para garantizar la protección integral de tres menores que conviven con la imputada. El fallo judicial reconoce a los hijos como víctimas indirectas en el contexto de un caso de narcocriminalidad, estableciendo un precedente relevante en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El tribunal revisor, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, dispuso que el defensor de víctimas designado evalúe las condiciones del entorno familiar, asista a los menores y presente informes periódicos sobre su situación. Estas medidas estarán orientadas a la continuidad de la prisión domiciliaria de la imputada, así como al seguimiento de eventuales perjuicios que pudieran padecer los hijos durante el cumplimiento de la medida. De este modo, la Cámara Federal enfatizó la necesidad de equilibrar la aplicación de la ley penal con la protección de los derechos fundamentales de los niños involucrados.
La mujer había sido detenida en septiembre de este año durante un allanamiento en su domicilio del barrio Ibiray, donde convivía con sus hijos y donde, según la investigación, funcionaba un punto de venta de drogas. En el procedimiento, los efectivos secuestraron 190 gramos de cocaína, 274 gramos de marihuana, 826.640 pesos, ocho teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, entre ellos tijeras y una balanza de precisión. La imputada ya contaba con una condena previa de cuatro años de prisión, dictada en 2022 por otra causa vinculada al transporte de drogas.
CONTEXTO JUDICIAL Y ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Tras la detención, la defensa de la acusada solicitó su excarcelación o, en su defecto, el otorgamiento del arresto domiciliario, alegando motivos de índole familiar y humanitaria. El juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Gustavo Fresneda, rechazó inicialmente el pedido, lo que motivó la presentación de un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones. En este contexto, el fiscal general Schaefer adhirió parcialmente al planteo, sosteniendo que la medida debía ser analizada bajo el principio de interés superior del niño, en tanto la imputada se encuentra al cuidado de sus tres hijos menores de edad.
El representante del MPF fundamentó su posición al señalar que el pedido de arresto domiciliario respondía a una “cuestión humanitaria” y en “ponderación del interés superior del niño”. Además, solicitó que se realicen controles psicológicos periódicos a los menores, a quienes consideró como “las primeras víctimas del hecho delictivo”. Schaefer propuso también la creación de un legajo de protección de víctimas, que incluiría la presentación de un informe cada 60 días sobre el estado físico y emocional de los hijos, con el fin de asegurar un seguimiento constante de la situación familiar.
En su intervención, el fiscal subrayó la responsabilidad compartida entre la familia y los organismos del Estado en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. En este sentido, afirmó que la familia “es responsable en forma prioritaria de asegurar su disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de implementar políticas públicas que acompañen a los núcleos familiares afectados por delitos, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, donde los menores suelen ser víctimas indirectas de las consecuencias sociales y judiciales.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL Y ALCANCE DEL FALLO
En su resolución, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que el recurso presentado “se encuentra debidamente fundamentado”, conforme lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. No obstante, los magistrados evaluaron como “fundamental” la presencia de la imputada en el hogar, bajo el régimen de arresto domiciliario, pero con la condición previa de designar un tutor que supervise el cumplimiento de la medida.
El tribunal sostuvo que, al no existir “contradicción” sobre el otorgamiento del arresto domiciliario, correspondía conceder el beneficio con la designación de un tutor y la aplicación de las medidas de seguridad que determine el juez de la causa. Asimismo, ordenó la designación de un defensor de víctimas encargado de asistir a los hijos y de elaborar informes periódicos que evalúen el impacto de la situación en su bienestar general. De esta forma, la decisión judicial incorpora una perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de causas penales que involucran a niños y adolescentes.
En su parte final, el fallo ordena comunicar la resolución a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DIPNA) y al Juzgado de Familia competente, con el objetivo de coordinar acciones de protección concretas y garantizar un acompañamiento institucional integral a los menores. “Deberá comunicarse a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DIPNA) y al Juzgado de Familia competente, a efectos de la realización de medidas concretas de protección de los menores”, concluye la resolución judicial, que también confirmó el resto de las disposiciones del auto apelado.
La decisión de la Cámara Federal de Corrientes sienta un precedente en materia de protección de derechos de niños y adolescentes en el marco de causas penales por narcotráfico. Al reconocer a los hijos de la imputada como víctimas, la justicia amplía la mirada sobre el impacto social de estos delitos y promueve una interpretación integral del sistema judicial que contempla no solo la sanción penal, sino también las consecuencias familiares y comunitarias de la criminalidad organizada.