Cinco personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a una cadena de gimnasios con presencia en las provincias de Chaco y Corrientes. Los procedimientos se concretaron mediante 18 allanamientos realizados en distintos domicilios, locales comerciales y establecimientos vinculados con las personas y sociedades investigadas.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, con participación de distintos escuadrones, y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.
El despliegue incluyó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de personal especializado en análisis contable e informático. También participaron agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y miembros de la Unidad Fiscal Resistencia. Para ejecutar las medidas fueron destinados cuatro camiones de Gendarmería y equipos conformados por contadores y peritos informáticos.
Los allanamientos alcanzaron sucursales de la cadena Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además del ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se encontraba proyectada la instalación de otra sede. También fueron registrados domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con los investigados.
Como resultado de los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados al expediente para profundizar el análisis del patrimonio, las operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos. La causa tiene siete personas imputadas, cinco hombres y dos mujeres. De ese grupo, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por disposición judicial a pedido del fiscal, quien planteó la existencia de riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Las otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron notificadas de la imputación y permanecían en libertad. Los siete acusados fueron imputados por lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal, mientras que respecto de cuatro de ellos también se contemplaron las agravantes de habitualidad y organización previstas en el artículo 303, inciso 2°, apartado a).
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración posteriormente homologado por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. Según el requerimiento fiscal, esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
En ese expediente se había establecido, de acuerdo con la documentación incorporada a la investigación, una relación entre parte de los vehículos utilizados por integrantes de esa organización y la concesionaria bajo análisis. A partir de esos elementos, Sabadini inició una investigación preliminar destinada a determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos mediante relevamientos patrimoniales y financieros, consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes de organismos tributarios y migratorios y tareas de inteligencia financiera.
En el desarrollo de esas medidas también fueron examinados movimientos y operaciones vinculados con entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Uno de los aspectos relevados fue la apertura y posterior expansión de la cadena de gimnasios Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 llegó a contar con siete sucursales.
La primera sede, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025 y posteriormente se incorporaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní de Corrientes. El requerimiento fiscal señaló además que la estructura comercial presentaba una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.
El ritmo de expansión de los establecimientos y el volumen de las inversiones efectuadas para su puesta en funcionamiento fueron incorporados por la fiscalía como elementos del análisis patrimonial. En su requerimiento de instrucción, Sabadini afirmó que “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”.
El fiscal sostuvo que la velocidad de las aperturas y los recursos destinados al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica atribuida a los emprendimientos. En otro tramo del requerimiento señaló que “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”.
EQUIPAMIENTO, VALUACIONES Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Dentro de las tareas investigativas, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento físico de máquinas, estructuras y otros elementos existentes en cinco sucursales de la cadena, correspondientes a Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. Para establecer valores de referencia, los investigadores identificaron que los equipos pertenecían a la marca G-Fitness y se contactaron con la firma proveedora oficial.
La valuación se realizó a partir del presupuesto proporcionado por esa empresa y de los precios publicados en su catálogo, considerando las dimensiones y la cantidad de máquinas existentes en cada establecimiento. Con ese procedimiento, la Policía del Chaco estimó que el equipamiento de las cinco sucursales tenía un valor total aproximado de 1.434.241 dólares, con valuaciones individuales de 266.670 dólares para Exen Illia, 245.813 dólares para Exen Santiago, 245.813 dólares para Exen Las Heras, 444.447 dólares para Exen Club y 231.497 dólares para Exen Barranqueras.
La fiscalía comparó posteriormente esas estimaciones con las facturas de compra registradas ante el mismo proveedor. Para las cuatro sucursales ubicadas en Resistencia y la sede de Barranqueras, los peritos policiales estimaron que el valor de los bienes de uso alcanzaba los 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas representaban aproximadamente 407.743 dólares.
El cotejo arrojó una diferencia cercana a los 582.049 dólares, equivalente al 58 por ciento del activo fijo relevado, que fue considerada no justificada por la fiscalía. En su requerimiento, Sabadini sostuvo que los ingresos declarados y la situación patrimonial de los socios no permitían explicar el volumen de las erogaciones realizadas para la apertura y expansión de los gimnasios. La investigación incorporó estos elementos al análisis de las operaciones comerciales y financieras desarrolladas por las personas y sociedades bajo investigación.
Según la hipótesis planteada por la fiscalía, las siete personas imputadas habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de origen ilícito mediante un entramado societario utilizado para canalizar flujos de dinero que, de acuerdo con el requerimiento, excederían su capacidad económica. En la imputación, el Ministerio Público atribuyó a los siete acusados “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.
La hipótesis sobre el posible origen de esos fondos fue vinculada con la información que dio inicio al expediente y con la investigación desarrollada sobre una organización narcocriminal en otra causa. En ese marco, la fiscalía sostuvo que las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para desarrollar la denominada fase de integración o reciclaje del lavado de activos mediante inversiones destinadas a incorporar fondos al circuito económico formal bajo apariencia de operaciones comerciales legítimas.
El requerimiento fiscal también incorporó como elemento de análisis la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia”, respecto de la cual sostuvo que carecería de un fondeo lícito demostrable. Sabadini volvió a señalar que “la maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”.
Asimismo, afirmó que “se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios, donde todos ellos mantienen una estética similar, destacándose por el lujo y las prestaciones otorgadas, como así también, en forma particular las adquisiciones de vehículos, viajes al exterior, además del costoso nivel de vida que llevan los encartados, que importarían erogaciones dinerarias de montos multimillonarios, verificándose exteriorizaciones patrimoniales incongruentes que no se justifican con sus perfiles económicos declarados”.
Finalmente, sostuvo que “la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usual para lavar activos de origen espurio” y consideró que esa modalidad “podría verse configurada en autos”.