La Ley de Emergencia en Discapacidad fue finalmente aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esta normativa responde a una demanda urgente de sectores vinculados a la atención y asistencia de personas con discapacidad, afectados por la falta de actualización del sistema de prestaciones.
Según explicó el Doctor Carlos Almeida, especialista en discapacidad y en legislación relacionada, la ley tiene como eje central la actualización del Nomenclador Único de Prestaciones, herramienta clave que define los valores económicos de los servicios que reciben las personas con discapacidad. Dicha actualización no se realizaba desde diciembre de 2024, lo que generó un deterioro considerable en la sostenibilidad de los prestadores y afectó la calidad del servicio brindado.
Para Almeida, esta ley representa no solo una mejora concreta en lo económico, sino también un reconocimiento tardío de la política hacia uno de los colectivos más postergados del país. Señaló que tanto diputados como senadores, representantes de diversas provincias, tomaron conciencia del impacto social y político que implicaba no acompañar esta medida, en un contexto de creciente presión social y en plena antesala electoral.
El especialista también remarcó que la movilización de las familias, prestadores y organizaciones sociales fue determinante. La sociedad civil, directa e indirectamente, logró instalar el tema en la agenda legislativa y empujar a los representantes a asumir una postura más empática y comprometida.
Aunque la sanción de la ley es valorada como un avance, Almeida advierte que aún quedan muchos desafíos por delante en materia de inclusión, accesibilidad y cumplimiento efectivo de derechos para las personas con discapacidad.
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