El Gobierno de Brasil puso en marcha un plan de monitoreo reforzado para anticipar los posibles efectos del fenómeno climático El Niño durante la campaña agrícola 2026/27, con el objetivo de reducir los riesgos sobre la producción agropecuaria y limitar su impacto económico.
La estrategia, presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa), contempla un conjunto de medidas preventivas destinadas a fortalecer la gestión del riesgo climático, evaluar los mecanismos de protección para los productores y realizar un seguimiento permanente de las posibles consecuencias sobre los costos de producción y los precios de los alimentos.
La decisión fue adoptada luego de que organismos meteorológicos advirtieran sobre una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se fortalezca entre los meses de julio y septiembre. De confirmarse ese escenario, podrían registrarse modificaciones significativas en los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones productivas del país, con consecuencias directas sobre los rendimientos agrícolas. En Brasil, donde la agricultura representa uno de los pilares de la economía nacional y de las exportaciones, las variaciones climáticas tienen una incidencia determinante tanto sobre la producción como sobre el comportamiento de los mercados agroalimentarios.
Como parte de la estrategia preventiva, el Ministerio de Agricultura conformó un grupo de trabajo especializado en cambio climático, integrado por técnicos del propio ministerio, del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) y de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). Este equipo tendrá la responsabilidad de identificar las vulnerabilidades regionales y sectoriales, elaborar propuestas de mitigación y desarrollar herramientas que permitan fortalecer la resiliencia de la actividad agropecuaria frente a eventos climáticos extremos, mediante un análisis técnico de los distintos escenarios previstos.
EVALUACIÓN DE LOS CULTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO
El trabajo técnico abarcará algunos de los principales cultivos de Brasil, entre ellos soja, maíz, trigo, frijoles, caña de azúcar, café y mandioca, productos que desempeñan un papel estratégico tanto para el abastecimiento interno como para el comercio exterior. Además de evaluar las posibles consecuencias del fenómeno sobre estas producciones, el grupo elaborará un informe con estrategias de adaptación, un cronograma de acciones y recomendaciones destinadas a mejorar la gestión integral del riesgo climático, con el propósito de minimizar pérdidas productivas y fortalecer la capacidad de respuesta del sector.
El plan estará orientado al análisis de los mecanismos de protección financiera disponibles para los productores rurales. Esta evaluación adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la reducción de los recursos destinados al subsidio de las primas del seguro rural, cuyo presupuesto sufrió un recorte superior al 53% durante el presente año, dejando disponibles 473,8 millones de reales. La disminución de estos fondos incrementó la preocupación respecto de la capacidad del sistema para responder ante eventuales pérdidas derivadas de fenómenos climáticos adversos.
En ese contexto, el secretario de Política Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Guilherme Campos, explicó que “el análisis del seguro rural quedó fuera del lanzamiento del Plan Cosecha para ser tratado dentro de una estrategia más amplia sobre los efectos de El Niño”. Asimismo, sostuvo que “el instrumento resulta clave para respaldar las decisiones de siembra en un escenario marcado por endeudamiento, precios internacionales más bajos para varios commodities e incertidumbre climática”.
IMPACTO ECONÓMICO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar trabaja en acciones complementarias destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados al fenómeno climático. Entre las iniciativas se encuentra la búsqueda de recursos para capacitar brigadas contra incendios en asentamientos rurales, especialmente en la Amazonia, una región especialmente vulnerable durante períodos de sequía. Además, el Gobierno analiza ampliar las reservas públicas de alimentos y fortalecer los contratos de opción para las cosechas, herramientas orientadas a preservar el abastecimiento y reducir eventuales desequilibrios en el mercado interno.
En materia de seguridad alimentaria, la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) informó que durante los últimos años incorporó 800.000 toneladas de alimentos a sus reservas estratégicas. A ello se suma el presupuesto estimado en 6.600 millones de reales asignado este año al Programa de Garantía de la Actividad Agrícola (Proagro), destinado a cubrir indemnizaciones para productores afectados por pérdidas climáticas. No obstante, las autoridades señalaron que el monitoreo continuará adaptándose de acuerdo con la evolución de los pronósticos científicos, manteniendo una evaluación permanente de los riesgos.
Las previsiones oficiales también comienzan a reflejar el posible impacto macroeconómico del fenómeno. El Ministerio de Hacienda incorporó en sus proyecciones para 2027 un escenario con mayor probabilidad de ocurrencia de El Niño durante el segundo semestre, acompañado por la persistencia de las presiones sobre los precios internacionales de los fertilizantes. Como consecuencia, elevó su previsión de inflación del 3% al 3,5% para ese año.