La Cámara de Diputados dio ingreso formal al proyecto de ley de Presupuesto 2026 durante la primera Sesión Extraordinaria del período, que fue presidida por el titular del cuerpo, Eduardo Tassano. De este modo, la iniciativa comenzó su recorrido parlamentario en la Cámara baja provincial, luego de haber obtenido la media sanción correspondiente en el Senado, cumpliendo así con una de las etapas centrales del procedimiento legislativo.
El tratamiento inicial del proyecto se inscribió en una jornada legislativa en la que se definieron aspectos organizativos clave para el funcionamiento del cuerpo durante el período extraordinario. La sesión permitió avanzar en la asignación de competencias y en la fijación de los pasos institucionales necesarios para el análisis detallado de la denominada “ley de leyes”, que establece las pautas de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2026.
En ese marco, se conformó la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, que será la encargada de analizar el contenido del proyecto y emitir el despacho correspondiente. La comisión quedó integrada por los diputados Norberto Ast, Lorena Lazaroff, Marlén Gaúna y Jesús Méndez Vernengo, a quienes se suma el diputado Egui Benítez, quien cubre la vacante generada por la salida de un legislador, garantizando así la continuidad del trabajo parlamentario.
Durante la misma sesión, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual se urge a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dar continuidad al trámite de los procesos de competencia originaria promovidos por la Provincia de Corrientes contra el Estado Nacional. Asimismo, se estableció que las sesiones del período extraordinario se llevarán a cabo los días viernes a las 10 horas, conforme a lo aprobado por los diputados.
MARCO NORMATIVO Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
El expediente parlamentario detalla que el Presupuesto 2026 fue diseñado conforme a lineamientos específicos que articulan las políticas provinciales con el contexto nacional. En ese sentido, se señala que la iniciativa fue elaborada “!en convergencia con las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno provincial y a partir de un esquema presupuestario acorde a las pautas nacionales, en el marco de la Ley N° 25.917 ‘Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno’ y modificatorias”.
El proyecto toma como referencia un conjunto de supuestos macroeconómicos que orientan las estimaciones de ingresos, gastos e inversiones para el próximo ejercicio. Entre ellos, se proyecta un crecimiento de la actividad económica del país, medido a través del Producto Bruto Interno, del orden del cinco por ciento para el año entrante, lo que constituye uno de los principales indicadores utilizados para dimensionar la expansión de la economía nacional.
Asimismo, el texto presupuestario contempla una variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del diez con diez centésimos por ciento, junto con un tipo de cambio estimado en pesos mil cuatrocientos veintitrés por dólar estadounidense, ambos valores proyectados a diciembre de 2026. Estas previsiones resultan determinantes para calcular el comportamiento de los recursos y el impacto inflacionario sobre el gasto público.
El expediente parlamentario aclara que tales ponderaciones macroeconómicas fueron utilizadas también para las estimaciones del gasto y de la inversión en las distintas jurisdicciones del ámbito provincial. De esta manera, el presupuesto se estructura sobre parámetros homogéneos que buscan otorgar coherencia entre las variables nacionales y la planificación financiera de la provincia para el próximo año.
OBJETIVOS DE GESTIÓN Y PRIORIDADES DEL GASTO
El proyecto de Presupuesto 2026 expone de manera explícita los objetivos que orientan la política de gasto del Gobierno provincial, poniendo el acento en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo integral. En este sentido, se plantea la necesidad de consolidar un esquema de asignación de recursos que acompañe las políticas públicas prioritarias y garantice la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
De acuerdo con lo expresado en el texto, el objetivo central del gobierno es “fortalecer las políticas de salud, educación, seguridad, económicas, de desarrollo productivo y de inclusión con bases en la generación de empleo”. Esta definición establece un marco de prioridades que vincula el presupuesto con la promoción del crecimiento económico y la mejora de las condiciones sociales de la población.
La iniciativa también subraya la importancia de asegurar el acceso a servicios fundamentales de calidad, tales como la educación, la salud y la conectividad, entendidos como pilares para el desarrollo humano y territorial. En esa línea, se contemplan políticas orientadas directamente a minimizar las desigualdades, tanto en términos efectivos como de oportunidades, a través de una distribución del gasto con criterio social.