El Tribunal de Juicio de la ciudad de Mercedes dio inicio al debate oral en una causa por presunta administración fraudulenta de ganado, cuyo perjuicio económico actualizado se estima en aproximadamente dos millones de dólares.
El proceso se origina en una investigación iniciada en 2019 y tiene como acusado a un productor ganadero de la zona, señalado por haber defraudado a una empresa mediante la administración irregular de cerca de dos mil cabezas de ganado bovino.
La acusación es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal subrogante Oscar Cañete, quien sostendrá ante el tribunal la hipótesis de que el imputado incurrió en el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal. El proceso se desarrolla con la intervención de un tribunal colegiado y contempla la participación de múltiples actores vinculados al hecho investigado.
El caso fue inicialmente instruido por la fiscal Alejandra Talamona y tramitó ante el entonces Juzgado de Instrucción, actualmente de Garantías, a cargo del juez Martín Vega. La denuncia fue presentada por la firma LANDVER S.A., que además se constituyó como actor civil en el proceso, impulsando medidas cautelares contra el imputado en resguardo de sus intereses patrimoniales.
DETALLES DEL HECHO INVESTIGADO
Según la acusación fiscal, el imputado Rómulo A. Bobbio, en representación de la firma Balboa y Bobbio SRL, firmó un contrato de consignación para la venta de ganado vacuno, mediante el cual recibió 1.966 cabezas de ganado pertenecientes a LANDVER S.A.
La hacienda se encontraba originalmente en el establecimiento “Buena Vista” y debía ser trasladada al predio “Santa Ana del Trébol”, ubicado en la Primera Sección del departamento Curuzú Cuatiá, propiedad del acusado, hasta concretarse su comercialización.
El acuerdo contractual fue renovado en dos oportunidades tras el vencimiento inicial. Sin embargo, según la fiscalía, una vez cumplido el último plazo no se registraron novedades sobre el destino de la hacienda ni sobre su eventual venta, lo que derivó en reiteradas intimaciones por parte de la empresa damnificada exigiendo la restitución de los animales o el equivalente en dinero, sin obtener respuesta por parte del imputado.
Ante esta situación, representantes de la firma LANDVER S.A., acompañados por un escribano, se presentaron en el establecimiento rural con el objetivo de verificar el estado de la hacienda. En esa instancia, de acuerdo a la acusación, el imputado habría impedido el retiro de los animales, situación que quedó asentada en un acta notarial.
Posteriormente, allanamientos realizados por la Unidad de Policía Rural permitieron constatar la ausencia de la mayoría de las cabezas de ganado, las cuales, según la hipótesis fiscal, habrían sido retiradas del establecimiento por quien estaba a cargo de su administración.
DESARROLLO DEL DEBATE Y POSICIONES DE LAS PARTES
El juicio oral se desarrollará en varias audiencias en las que se prevé la declaración de representantes de la empresa damnificada, responsables del traslado de la hacienda y personal vinculado a tareas sanitarias como la vacunación del ganado, entre otros testigos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
El tribunal está integrado por Jorge Alberto Troncoso como presidente, y Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos como vocales.En el plano civil, la empresa LANDVER S.A., representada por el abogado Matías Mosca Tressens, reclama una indemnización por los daños ocasionados, estimada provisoriamente en 50 millones de pesos al momento del hecho, monto que actualizado asciende a aproximadamente dos millones de dólares.
Esta pretensión se tramita en el mismo proceso penal, en el marco de la acción civil resarcitoria.
Por su parte, la defensa del imputado, a cargo del defensor oficial subrogante Gustavo Grinberg, sostiene una postura contraria a la acusación fiscal, orientada a negar la existencia del convenio de consignación y, en consecuencia, la responsabilidad penal de su asistido en los hechos investigados.