El diputado provincial Norberto Ast, integrante de la Unión Cívica Radical, confirmó en declaraciones a InfoDRadio 106.3 FM que este miércoles la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que fue objeto de numerosas modificaciones.
“Sí, este es un proyecto que tiene ya media sanción, que ha venido del Senado con muchas modificaciones producto de un trabajo que han realizado los senadores con distintos organismos”, señaló el legislador, quien destacó que en su elaboración se incorporaron aportes del Ministerio de Seguridad, la Policía de la provincia y sectores de la justicia provincial.
El origen del proyecto se encuentra en una propuesta del Poder Ejecutivo, que tras pasar por el Senado sufrió ajustes significativos. Las modificaciones incorporaron experiencias recogidas de otras jurisdicciones como Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe, además de aportes de las fuerzas de seguridad locales. Según Norberto, el Senado buscó construir un consenso amplio, tomando en cuenta tanto la mirada institucional como las experiencias prácticas en la lucha contra el microtráfico de drogas.
En Diputados, el análisis del proyecto continuó con la participación de jueces provinciales y federales, quienes expusieron sus posturas sobre la viabilidad de la norma. “En la Cámara de Diputados nosotros hemos recibido a jueces del fuero provincial y del fuero federal, con lo cual hemos escuchado cuáles son sus posiciones”, explicó el diputado.
Reconoció que existen diferencias de criterio, aunque destacó que el objetivo principal es dividir las responsabilidades judiciales para optimizar el abordaje de la problemática.
FUNCIONES Y ALCANCE DE LA LEY
La ley de adhesión propuesta implica un cambio sustancial en la distribución de competencias entre la justicia provincial y la federal. “Lo que implica esta ley de adhesión a la ley nacional es dividir roles en donde el narcomenudeo se haría cargo la justicia provincial, mientras que lo que es a gran escala sigue exclusivamente en la justicia federal con intervención de la fuerza de seguridad provincial también”, explicó Norberto.
El diputado enfatizó que el tratamiento legislativo se encuentra en una etapa decisiva, ya que la prioridad es reunir los consensos necesarios para lograr la aprobación en Diputados. “Estamos trabajando fuertemente para lograr los números necesarios y poder avanzar en esto, más allá que sabemos que hay opiniones encontradas pero también a favor en el ámbito de la justicia”, sostuvo.
Ast explicó que el contacto directo con la ciudadanía expone la urgencia de esta medida. “Tenemos que dar una respuesta a una problemática que hoy la vemos todos los días en los barrios, sobre todo cuando tomamos contacto con muchas mamás y nos manifiestan su preocupación, su angustia”, aseguró.
El legislador afirmó que se trata de brindar herramientas a las fuerzas de seguridad para actuar de manera más eficaz, especialmente en los sectores más vulnerables.
OBJECIONES Y DEBATE PRESUPUESTARIO
Las voces críticas frente al proyecto se concentran principalmente en el impacto presupuestario y en la capacidad del sistema penitenciario para absorber nuevos casos. “Básicamente un tema presupuestario es lo que se fundamenta”, indicó Norberto, quien aclaró que más allá de otros cuestionamientos, el debate central gira en torno a los costos que implicará implementar la ley.
El diputado sostuvo, sin embargo, que las objeciones reconocen implícitamente la existencia de una problemática que no puede soslayarse. “Ya desde los mismos sectores se está reconociendo que hay una problemática y nosotros entendemos que debemos dar un paso”, afirmó, remarcando que ese paso inicial es la sanción de la norma.
“El primer paso es tener la ley”, insistió, subrayando que una vez promulgada, será posible avanzar en su reglamentación y en la definición de recursos y estrategias de implementación.
La propuesta modificada en el Senado incluye además la creación de comisiones mixtas, integradas por jueces provinciales y federales, con el objetivo de articular información y coordinar acciones conjuntas.
Ast destacó este aspecto como una de las innovaciones más relevantes del proyecto, al permitir un intercambio más fluido entre jurisdicciones y evitar duplicaciones en las investigaciones. El recalcó que se trata de una herramienta será clave para abordar la problemática del narcomenudeo con mayor eficacia.