El ex legislador y analista político Jorge Eduardo Simonetti, en diálogo con Rubén Duarte e Inés Bobadilla en “Una Palabra”, que transmiten en simultáneo LT7 Radio Corrientes, Red Guaraní, FM Capital 95.3 e Info D Radio 106.3 FM, advirtió que la Argentina atraviesa un período de “baja calidad institucional” y cuestionó el funcionamiento de los tres poderes del Estado.

El escritor afirmó que existen deficiencias en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, remarcando que, a su criterio, ninguno de los tres ámbitos presenta actualmente el funcionamiento que considera adecuado para una república basada en la división de poderes.

Al referirse al Ejecutivo nacional, sostuvo que, independientemente de los resultados de la gestión y del desempeño económico, observa “visos de autoritarismo en la gestión” y cuestionó la relación del presidente Javier Milei con quienes expresan posiciones diferentes.

Simonetti también centró sus críticas en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, al señalar que el funcionamiento legislativo requiere debate, contradicción de posiciones y negociación. Según explicó, la negociación habitual entre ambos poderes para tratar iniciativas del Ejecutivo habría sido reemplazada, en determinados casos, por mecanismos que definió como “intercambio de favores” o directamente “la extorsión”.

En ese contexto, mencionó el reclamo sostenido de Corrientes por una tarifa diferencial de energía eléctrica, relacionado con la presencia de la represa de Yacyretá y con las condiciones climáticas de la provincia. Vinculó ese reclamo con el anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre una reducción tarifaria para la región y señaló que la medida se produjo en un escenario político en el que el Gobierno nacional necesita respaldo para iniciativas legislativas.

Respecto del Poder Judicial, el ex legislador afirmó que “el poder judicial es un poco la cenicienta de los poderes” y señaló que su funcionamiento queda expuesto a cuestionamientos especialmente cuando debe intervenir en asuntos vinculados con la política. Simonetti distinguió entre la politización de la Justicia y la judicialización de la política, y explicó que ambos fenómenos generan cuestionamientos sobre las decisiones y sobre los vínculos entre magistrados y dirigentes políticos.

También señaló que existen jueces cuestionados por la forma en que administran los expedientes, con casos en los que, según afirmó, algunos procesos pueden demorarse y otros acelerarse. Al mismo tiempo, sostuvo que “en general yo creo que la justicia está funcionando” y atribuyó parte de las dificultades a la existencia de cargos judiciales vacantes y al funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS

Simonetti explicó que la designación de jueces incorpora una instancia política debido al procedimiento previsto para la selección de magistrados. Indicó que el Consejo de la Magistratura interviene en los concursos y confecciona una lista con los postulantes que alcanzan los puntajes correspondientes, que luego es remitida al Poder Ejecutivo.

Según detalló, el Ejecutivo selecciona tres nombres de esa nómina y no necesariamente debe optar por quienes hayan obtenido los primeros lugares. Como ejemplo, planteó que puede seleccionar “el primero, el séptimo y el décimo”. Posteriormente, explicó, el Poder Ejecutivo elige a uno de los integrantes de esa terna y remite su nombre al Senado, que debe prestar el acuerdo correspondiente para completar el proceso de designación.

El analista político sostuvo que ese procedimiento constituye uno de los puntos en los que se manifiesta la dimensión política de la designación judicial y señaló que la intervención del Senado incorpora otra instancia de negociación. En ese sentido, indicó que la Cámara alta ya otorgó acuerdo a una tanda de postulantes, aunque todavía existen cargos pendientes y magistrados que no fueron designados.

Simonetti relacionó esa situación con la demora en la cobertura de juzgados y con la necesidad de que algunos jueces deban subrogar otros tribunales. Afirmó que esas circunstancias contribuyen a ralentizar los procesos judiciales y reiteró su consideración de que “la justicia está muy politizada y la política muy judicializada”, especialmente en aquellos asuntos en los que las cuestiones políticas terminan siendo resueltas dentro del ámbito judicial.

Simonetti también se refirió a la utilización de denuncias y episodios vinculados con dirigentes políticos como instrumentos de confrontación electoral.

Al analizar la repercusión de casos asociados con Martín Insaurralde y otros dirigentes, sostuvo que esas situaciones pueden ser utilizadas para descalificar adversarios, aunque también afirmó que existen hechos que, por su contenido, deben ser investigados judicialmente.

En ese marco, mencionó las acusaciones relacionadas con el caso Libra y otros cuestionamientos dirigidos contra integrantes del Gobierno nacional. Simonetti señaló que este tipo de episodios tiende a multiplicarse durante los períodos electorales y sostuvo que las personas suelen otorgar mayor credibilidad a aquellas informaciones que coinciden con sus posiciones previas. Según explicó, tanto el peronismo como el espacio libertario pueden interpretar los hechos de acuerdo con sus propios sesgos políticos.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y AVENIDA DEL MEDIO

Simonetti vinculó además el escenario político con la situación económica y afirmó que “no van bien las cosas del punto de vista económico”. Sostuvo que una parte importante de las familias de clase media y clase media baja enfrenta dificultades, al igual que trabajadores, microemprendedores y pequeños comerciantes. Como referencia de la situación comercial en la ciudad de Corrientes, mencionó la existencia de locales vacíos y señaló que algunos emprendimientos permanecen abiertos pese a registrar escasa cantidad de clientes.

También diferenció los indicadores macroeconómicos de la percepción cotidiana de los ciudadanos y afirmó que “lo que se siente la sensación térmica del ciudadano a pie, está indicando de que no está yendo nada bien”.

El analista también describió cambios en los patrones de consumo vinculados con la relación entre ingresos y precios. Señaló que las familias modifican sus compras, sustituyen marcas, recurren a productos más económicos o directamente dejan de adquirir determinados bienes.

Mencionó específicamente el precio de la carne y afirmó que se convirtió en un producto de difícil acceso para determinados sectores. Simonetti explicó que el comportamiento del consumo está determinado por el nivel de ingresos y por la evolución de los precios, y sostuvo que una parte de los hogares debe ajustar sus adquisiciones en función de los recursos disponibles.

Al referirse a la denominada “avenida del medio”, Simonetti sostuvo que actualmente no cuenta con una representación electoral ni con un liderazgo político definido. La describió como un espacio integrado por personas disconformes tanto con el kirchnerismo como con el Gobierno libertario y señaló que esa condición no constituye, por sí misma, una alternativa electoral organizada.

Según explicó, cuando se aproxima una elección, quienes integran ese sector deben definir su voto en función de las opciones disponibles y, si no encuentran una representación que los convenza, pueden terminar optando por alguno de los extremos.

Simonetti consideró que ese espacio podría continuar ampliándose y relacionó esa posibilidad con la evolución de la economía doméstica. También señaló que el peronismo busca concentrar su oferta electoral y que el oficialismo nacional inició conversaciones con sectores como el PRO y el radicalismo para conformar alianzas.

Finalmente, Simonetti se refirió a la reivindicación del denominado Proceso de Reorganización Nacional y sostuvo que el sector que expresa esa posición es actualmente minoritario. Afirmó que su incorporación a una alternativa política podría dificultar acuerdos con otros sectores y consideró que la Argentina había cerrado ese capítulo histórico con el juicio a las juntas militares impulsado durante el gobierno de Raúl Alfonsín y con medidas posteriores.

En ese contexto, sostuvo que determinados dirigentes actuaron como estadistas al considerar necesario cerrar etapas históricas para proyectar el país hacia el futuro. Simonetti vinculó la reapertura de esas discusiones con la persistencia de enfrentamientos políticos y con la división social que atribuyó a la profundización de la denominada grieta.