El Poder Judicial de Corrientes dio inicio a una nueva instancia de formación en materia de género en el marco de las Jornadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desarrolladas los días 26 y 27 de noviembre como parte del Programa de Capacitación Permanente. La propuesta, que otorga certificación Ley Micaela, se llevó adelante en modalidad híbrida: presencialmente en el Salón Auditorio del Poder Judicial, ubicado en 9 de Julio Nº 1099, y virtualmente mediante la plataforma Zoom Meeting, con el objetivo de garantizar la participación de agentes judiciales y referentes institucionales de toda la provincia.
La apertura estuvo encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, quien dio la bienvenida a los asistentes y auguró el éxito de la actividad aprobada por el Acuerdo Nº 33/25, punto 17.
En este marco, el Poder Judicial de la Provincia articuló esfuerzos entre el Área de Capacitación y el Consejo de la Magistratura para llevar adelante una propuesta integral dirigida a agentes judiciales, integrantes del Ministerio Público y miembros del Consejo. La coordinación general estuvo a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain, mientras que la coordinación académica fue responsabilidad del doctor Edgardo Frutos, juez de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5, y de la doctora Marisa Spagnolo, secretaria jurisdiccional Nº 2 del STJ y coordinadora del Programa Justicia y Sociedad Civil.
Las jornadas contaron con la participación de reconocidas instructoras especializadas en género y derechos humanos, quienes presentaron distintos enfoques conceptuales y metodológicos orientados al fortalecimiento del trabajo judicial.
Durante el primer día, las doctoras Elba Erika Delgado Solís, Martha Helia Altabe, Luciana Sampietro, Marisa Esther Spagnolo y Rita Custet expusieron sobre la eliminación de las violencias, el acceso a la justicia, la evolución histórica del constitucionalismo y la incorporación de estándares de protección en la labor jurisdiccional. Las autoridades del Poder Judicial destacaron la importancia de estas instancias formativas para promover una práctica sensible, fundamentada y comprometida con los derechos de las mujeres y colectivos vulnerables. Al finalizar la jornada, el doctor Chain, junto a los doctores Edgardo Frutos y Marisa Spagnolo, entregaron certificados de reconocimiento a las instructoras por su participación y compromiso en la propuesta educativa.
DISCURSO DEL DOCTOR CHAIN
Durante la apertura formal de las Jornadas, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Chain, reflexionó sobre la responsabilidad institucional del Poder Judicial en la consolidación de un Estado de Justicia y en la defensa de los derechos de los colectivos vulnerables. En su intervención destacó que “la humanidad sabe que de la mano de la mujer viene la única —y espero que no sea la última— posibilidad de vivir en una sociedad justa, en un Estado de Justicia”. Señaló que la existencia de normativa de alta jerarquía en materia de derechos humanos no garantiza, por sí sola, transformaciones reales, al afirmar que “el principio solo no basta de mucho, y a veces sabe a poco”, e instó a convertir las leyes en resultados efectivos y verificables en la vida cotidiana.
Al referirse al rol institucional, Chain sostuvo que “ningún objetivo o propósito puede llegar a concretarse sin el acompañamiento decidido del Poder Judicial”, y advirtió que sería “una quimera” pensar en la construcción de un Estado que respete los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y otros colectivos vulnerables sin la participación activa de los tribunales. Subrayó que la tarea judicial requiere determinación y compromiso ético, afirmando: “Desde el Poder Judicial tenemos que imitar esa hidalguía, esa valentía, esa decisión, ese coraje de las mujeres”, al tiempo que remarcó la necesidad de actuar “con coraje, con decisión, no ser temerosos” en cada sentencia y actuación jurisdiccional.
En su cierre, el doctor Chain resaltó la obligación de los poderes judiciales de sostener la vigencia del sistema democrático y republicano, remarcando que dicha responsabilidad no depende de personas ni liderazgos individuales. “Nosotros que integramos los poderes judiciales tenemos que defender este sistema. Porque no depende ni de una persona, ni de un discurso, ni de un liderazgo… depende del sistema”, expresó, reafirmando el rol institucional en la preservación del orden constitucional y en la protección de quienes se encuentran en situaciones de vulneración.
APORTES DE LAS INSTRUCTORAS
A lo largo de las Jornadas, las exposiciones de las instructoras ofrecieron un panorama amplio y fundamentado sobre la importancia de garantizar acceso a la justicia, incorporar perspectiva de género en todas las intervenciones y comprender las dinámicas complejas que configuran la violencia contra las mujeres. La doctora Martha Helia Altabe destacó que “el derecho de acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es la base del constitucionalismo”, al analizar su vínculo con los principios de legalidad y debido proceso. Explicó que los poderes judiciales cumplen un rol esencial en materia de no discriminación y reconocimiento de derechos, ya que deben resolver “en tiempo oportuno los conflictos sociales”, garantizando decisiones accesibles, eficaces y ajustadas a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
En su exposición, Altabe precisó que el acceso a la justicia abarca diversas vías y mecanismos, entre ellos la mediación, los componedores, las casas de justicia y los procedimientos formales, mientras que el acceso a la jurisdicción se circunscribe a la intervención directa de un órgano judicial. Subrayó que garantizar este derecho implica asegurar procesos con todas las garantías y decisiones ejecutadas oportunamente. Concluyó que la ausencia de acceso real obstruye el ejercicio de todos los demás derechos: “si no se tiene esa posibilidad del acceso a la jurisdicción, no pueden realizarse todos los derechos que brinda el ordenamiento jurídico”.
La instructora Erika Delgado Solís centró su presentación en la necesidad de comprender la dimensión humana de la violencia de género antes de analizar su tratamiento judicial. Señaló que “es medio difícil empezar a hablar del abordaje jurídico de las violencias de género sin primero empezar a sensibilizar un poco lo que tiene que ver con esta temática”. A partir de datos concretos, alertó sobre la gravedad de la situación: “Una mujer muere cada 10 minutos en el mundo”, afirmó, y añadió que en Argentina “ya murieron 210 mujeres en el transcurso de este año”. Resaltó que estas cifras corresponden solo a los casos más extremos, advirtiendo que existen “miles y miles de mujeres que atraviesan la violencia de otra forma que no llega a la muerte… y que muchas veces esto se encuentra muy invisibilizado”.
Delgado Solís también analizó los registros oficiales de femicidios elaborados por la Corte Suprema, señalando que “el 49% son entre los 27 y los 50 años… el 31% entre los 18 y los 27”, con un incremento en mujeres mayores. Recalcó que “estas son cuestiones que son datos, no son relatos ni son conversaciones, son datos”, e instó a que el análisis judicial integre estas realidades. Explicó que la violencia de género “atraviesa todos los fueros”, y mencionó que solo en la Agencia 25 de la capital se registraron “1826 causas… hasta octubre”, sin incluir violencias laborales, económicas, institucionales o familiares, lo que demuestra su carácter transversal y la necesidad de respuestas integrales.
Por su parte, la instructora Luciana Sampietro presentó la experiencia del Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco y repasó la evolución de los estándares internacionales aplicados a la labor judicial. Señaló la importancia de abordar la tarea con una mirada ética y humanizada, afirmando que buscó transmitir una experiencia que resulte útil para quienes integran el Poder Judicial. Destacó el aporte de “las mujeres de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de marcos de protección. Subrayó una afirmación clave: “Las mujeres son personas… sujetos y sujetas de derechos”, recordando que esta obviedad debió ser incorporada explícitamente en los tratados internacionales debido a resistencias culturales e institucionales.