El Juzgado de Instrucción N.º 3 de Corrientes, a cargo de la jueza María Josefa González Cabañas, dictó tres medidas clave en el marco de la causa PEX 249551/21, conocida como “Megacausa Terrenos”. El decreto, firmado también por el prosecretario Joaquín A. Ruiz Cobo, fue emitido el 7 de mayo de 2025 y marca un avance significativo hacia la finalización de la etapa de instrucción.
Entre las disposiciones se encuentra la formación del cuerpo LXXXII a partir de la foja 17.441, una medida administrativa destinada a organizar el voluminoso expediente. Esta práctica es habitual en causas de gran complejidad y permite ordenar las pruebas para su análisis futuro.
Asimismo, se dispuso el traslado de vista al fiscal, conforme al artículo 354 del Código Procesal Penal de Corrientes. Este paso habilita al Ministerio Público a dictaminar si corresponde la elevación a juicio o el sobreseimiento de los imputados, confirmando que la etapa instructora está próxima a concluir. Finalmente, se ordenó la notificación de lo resuelto a todas las partes intervinientes.
INVESTIGACIÓN PENAL Y REPERCUSIONES INSTITUCIONALES
La causa investiga delitos como asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un entramado de maniobras vinculadas a la venta fraudulenta de terrenos en Corrientes. Entre las personas involucradas figuran más de veinte imputados, incluyendo a la escribana Gladys Dionisia Báez, detenida desde 2022, y a Teresa Olinda Vázquez, procesada en 2024.
Según fuentes judiciales, ambas habrían cumplido roles centrales en una red dedicada a falsificar documentación y facilitar inscripciones irregulares de terrenos, especialmente en la zona del paraje Lomas. Estas prácticas vulneraron la legalidad del sistema registral y catastral de la provincia.
La investigación también alcanza a exfuncionarios que ocuparon cargos relevantes en dependencias estatales clave. Estos vínculos han dado lugar a especulaciones sobre posibles responsabilidades políticas en las gestiones anteriores, alimentando el debate público ante la proximidad de los comicios provinciales.
LA PROVINCIA COMO QUERELLANTE Y CONTEXTO POLÍTICO
El gobernador Gustavo Valdés anunció que el Estado provincial se constituirá como querellante en el proceso judicial. “Las estafas al Estado requieren una investigación profunda para determinar responsabilidades”, afirmó. Esta decisión fue respaldada por referentes del oficialismo, aunque también despertó críticas respecto a una posible utilización electoral del caso.
Sectores opositores han cuestionado el momento de la intervención estatal, sugiriendo que el avance judicial podría ser usado como herramienta de campaña. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial se sostiene que el objetivo principal es resguardar el patrimonio público y colaborar con la justicia.
El desarrollo del expediente se perfila como un proceso de alto impacto judicial e institucional. En caso de confirmarse la elevación a juicio, la Megacausa Terrenos podría convertirse en uno de los juicios más relevantes en la historia reciente del Poder Judicial correntino.