La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena penal contra la doctora Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Santo Tomé, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso.
La sentencia incluye además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, la obligación de fijar domicilio de residencia y presentarse ante la Oficina Judicial (OFIJU) cada seis meses.
La decisión del máximo tribunal nacional ratifica los fallos previos del Tribunal de Juicio Unipersonal de Santo Tomé y del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, consolidando así el cierre judicial del caso.
La resolución, emitida el martes 11 de noviembre de 2025, desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa de Tabacchi, al considerarlo inadmisible. De esta manera, quedó firme la condena dictada el 10 de noviembre de 2023 por el juez unipersonal doctor Francisco Javier Ramos.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se inscribe en la línea de las decisiones adoptadas por las instancias provinciales, que habían sostenido la culpabilidad de la exfuncionaria por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento público y daños.
La confirmación judicial marca el final de un extenso proceso iniciado tras la actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes, que en noviembre de 2023 resolvió destituir por unanimidad a Tabacchi de su cargo como fiscal. El Jury determinó en aquel momento que las acciones cometidas durante su desempeño configuraban faltas gravísimas incompatibles con la función pública.
La decisión fue acompañada por una causa penal paralela que ahora concluye con la ratificación definitiva de la Corte Suprema.
EL CASO Y LAS DECISIONES JUDICIALES
La causa contra Olga Anahí Tabacchi se originó a partir de hechos ocurridos mientras se desempeñaba como titular de la UFRAC en Santo Tomé. Según la sentencia del Tribunal de Juicio Unipersonal, la exfiscal ocupó de manera irregular una propiedad en esa localidad y, valiéndose de su cargo, generó un beneficio económico indebido al arrendarla a una tercera persona, presentándose falsamente como su legítima propietaria.
Este accionar, según el fallo, configuró una conducta incompatible con los principios de probidad y transparencia que deben regir el desempeño judicial.
El magistrado Francisco Javier Ramos, al dictar la condena, consideró probado que la acusada hizo un uso indebido de su posición funcional para intervenir en un conflicto de carácter personal. Al ser descubierta la maniobra, en lugar de resolver la situación por los canales correspondientes, la exfiscal incurrió en acciones que agravaron su responsabilidad. “Fabricó un caso falso”, según la descripción contenida en la sentencia, al haberse confeccionado una denuncia propia y tramitarla como si se tratara de una causa legítima bajo su jurisdicción.
El fallo detalla que Tabacchi actuó simultáneamente como denunciante y como fiscal a cargo del expediente, asignándole un número judicial que no correspondía y omitiendo su registro formal en el sistema informático de la Justicia. La maniobra incluyó además la eliminación del contenido de un expediente real vinculado a un caso de amenazas con armas, cuya información fue borrada del sistema judicial para introducir, en su lugar, el expediente apócrifo que respondía a su interés personal.
Estos hechos fundamentaron la acusación por falsificación de instrumento público y daños.
El Tribunal consideró que las acciones ejecutadas por la exfiscal representaron un grave atentado contra el sistema judicial provincial, no solo por la manipulación de documentos oficiales, sino también por el uso del poder institucional en beneficio propio.
La sentencia sostuvo que la acusada “utilizó su autoridad para fines personales, creó documentos falsos y dañó el sistema informático de la justicia”. Tales conductas fueron calificadas como constitutivas de delitos penales y de faltas éticas incompatibles con la función que desempeñaba.