Una barrera humana de más de 200 personas protegió al presidente de la detención, en medio de una grave crisis política desatada por la imposición de la ley marcial; rechazada por la Asamblea Nacional surcoreana.
Seúl se encuentra en vilo tras el fallido intento de arrestar al presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. El pasado viernes 3 de enero, agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción intentaron ejecutar una orden judicial en contra del mandatario, quien se encuentra acusado de imponer ilegalmente la ley marcial el mes anterior.
Sin embargo, la operación se vio frustrada por la férrea resistencia de los guardaespaldas presidenciales y cientos de simpatizantes de Yoon que se congregaron en su residencia. Los manifestantes, con los brazos entrelazados, formaron un cordón humano que impidió el acceso de las autoridades.
La crisis política en Corea del Sur ha alcanzado niveles sin precedentes. Yoon, quien se encuentra suspendido de sus funciones y enfrenta la posibilidad de ser destituido por el Tribunal Constitucional, ha convertido su residencia en una fortaleza, desafiando abiertamente a la justicia y a las instituciones democráticas del país.
La imposición de la ley marcial, una medida excepcional que suspende las garantías constitucionales, generó una profunda conmoción en Corea del Sur y desencadenó una ola de protestas. Los opositores de Yoon denuncian un intento de golpe de Estado, mientras que sus partidarios lo defienden como un líder fuerte y decidido que busca proteger al país de amenazas internas y externas.
La situación actual plantea un grave riesgo para la estabilidad de Corea del Sur y ha generado una gran incertidumbre en la comunidad internacional. Expertos advierten que el país se encuentra al borde de una crisis institucional sin precedentes, con consecuencias imprevisibles para su futuro.
El intento de arresto “es ilegal” para Corea del Sur.
Es la primera vez que un presidente que no dejó el poder se enfrenta a un posible arresto y la expectativa recae en los siguientes pasos que tomará una institucionalidad que nunca había pasado por una situación similar.
Los abogados de Yoon argumentaron que la policía no tenía derecho a intervenir en la residencia presidencial, clasificada como “instalación secreta de defensa”.
Uno de los apoderados del presidente suspendido, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es “ilegal e inválida” y que, por lo tanto, su ejecución “es ilegítima”. “Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden”, afirmó.
El plazo para detener al presidente vence el próximo lunes
Entre un fuerte despliegue policial y mediático, los seguidores del presidente coreaban su nombre y cantaban consignas como “¡La orden de arresto es ilegal!”
Lee Hye-sook, una simpatizante de Yoon de 57 años, afirmó a la AFP que los líderes opositores buscan convertir al país en un “estado socialista al estilo norcoreano”, una narrativa que el presidente ha repetido en varias ocasiones.
Yoon sumió al país en una grave crisis política al imponer sorpresivamente la ley marcial el 3 de diciembre, un hecho sin precedentes en la historia democrática de Corea del Sur. Sin embargo, se vio obligado a retractarse horas después debido a la fuerte oposición de los legisladores y las masivas protestas.
Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por “insurrección”.