En un contexto marcado por el debate legislativo en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia 941, que propone una reforma integral del sistema de inteligencia, el Ministerio de Defensa avanzó mediante una resolución en la reorganización de áreas clave dentro de la estructura castrense.

La medida redefine funciones, dependencias y esquemas de conducción, con impacto directo en la producción de inteligencia estratégica militar y en la relación entre el ámbito político y el militar.

Mientras la discusión en el Congreso Nacional permanece en pausa, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, concretó una decisión central al designar a un nuevo responsable para la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

De este modo, el Ejecutivo avanza en la implementación práctica de los cambios previstos por el DNU, más allá de las definiciones pendientes en el plano legislativo.La resolución ministerial fechada el 22 de enero establece en su artículo 6°: “Designase al contraalmirante Pablo Javier Barbich en el cargo de Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, integrante de la Conducción Superior del Organismo”.

Con esta designación, Presti ubica a un oficial de la Armada al frente de una estructura que adquiere un rol central en el nuevo esquema de inteligencia militar.

DISOLUCIÓN DE LA DNIEM Y NUEVA ESTRUCTURA

La recreación y fortalecimiento de esta dirección general, que ya había existido pero carecía de orientación, recursos y personal, constituye uno de los ejes relevantes del nuevo ordenamiento.

El DNU 941 dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y la transferencia de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de corregir superposiciones históricas y mejorar la eficiencia del sistema.

La resolución firmada por Presti remarca como fundamento central que “a partir de la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) se ha producido una superposición de sus funciones con las asignadas a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), lo cual resultaría en una estructura sobredimensionada, que dificultaría la producción de Inteligencia Estratégica Militar de forma eficiente y adecuada, según las necesidades de la Inteligencia Nacional”.

La norma apunta así a concentrar capacidades y clarificar responsabilidades.Este rediseño implica un cambio significativo en la relación entre el Ministerio de Defensa y el ámbito militar en materia de inteligencia. La eliminación de la DNIEM modifica los canales de interacción entre el control civil y la estructura uniformada, un punto que generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.

CONDUCCIÓN, FUNCIONES Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN

Más allá de las críticas, la resolución ministerial deja explícito el esquema de conducción. En su artículo 1°, establece que la nueva Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto dependerá “directa e inmediatamente del ministerio de Defensa” en materia de producción, coordinación y planeamiento de la inteligencia, y que “mantendrá su dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, además de su responsabilidad de asesoramiento al jefe del organismo.

En la práctica, el ministro Presti se posiciona como autoridad central del sistema, en coordinación con el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.Antes de la reforma, la producción de inteligencia estratégica militar y operacional no se concentraba en el Estado Mayor Conjunto, sino que requería la intervención de la DNIEM y de las direcciones de inteligencia de cada fuerza.

Con la nueva normativa, la DIGIEMCO asume esa función de manera integral. El artículo 2° de la resolución establece que “deberá producir y elevar al Ministro de Defensa, la inteligencia estratégica militar y la información sectorial de defensa necesaria para la toma de decisiones en los niveles estratégico y operacional, vinculadas al empleo del instrumento militar”.

El proceso de implementación incluye definiciones pendientes sobre la estructura orgánica y la dotación de personal, decisiones que recaerán en el titular del Estado Mayor Conjunto. La transición involucra a agentes de la disuelta DNIEM, entre personal de planta, efectivos en comisión y contratados. El ministro de Defensa fijó un plazo de 90 días para el traspaso de bienes muebles e inmuebles, presupuesto, activos, patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones al nuevo organismo, completando así la reconfiguración del sistema de inteligencia militar.